En el momento del arresto transportaban en dos vehículos prendas de ropa de conocidas marcas valoradas en 85.000€ provenientes de una tienda en la que acababan de robar
Su objetivo eran principalmente establecimientos comerciales de Galicia y transportaban lo robado hasta Madrid en furgonetas de alquiler
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a los cinco miembros de un grupo criminal itinerante dedicado al robo en establecimientos comerciales de Galicia instantes después de su último golpe. En el momento del arresto transportaban en dos vehículos prendas de ropa de conocidas marcas valoradas en 85.000€, procedentes de una tienda en la que acababan de robar. Tras perpetrar los asaltos, transportaban lo robado hasta Madrid en furgonetas de alquiler. Por el momento se les imputan tres asaltos.
Madrid como base de operaciones
La investigación fue iniciada en el mes de septiembre de 2013, a raíz de la detención de dos personas en la localidad de Pontevedra cuando se encontraban realizando un butrón para acceder a un comercio. Las primeras pesquisas apuntaban a que los dos arrestados podrían pertenecer a un grupo criminal más amplio, asentado en Madrid y dedicado a los robos con fuerza en establecimientos comerciales mediante un modus operandi muy concreto. Los objetivos eran perfectamente estudiados con anterioridad al robo, a fin de determinar el punto débil donde realizar la entrada y, un día antes de cometer la sustracción, algún miembro del grupo alquilaba una furgoneta de grandes dimensiones con capacidad para el transporte del botín obtenido hasta Madrid, donde era vendido de inmediato.
Durante la investigación los agentes detectaron a uno de los miembros de esta organización conduciendo una furgoneta de alquiler y establecieron un dispositivo de control sobre la misma. Además de la furgoneta, se comprobó que un vehículo que la acompañaba hacía de “lanzadera” para detectar eventuales controles policiales. Los agentes siguieron el convoy hasta Vigo, donde interceptaron los dos vehículos y detuvieron a sus ocupantes. El interior de la furgoneta se encontraba repleto de prendas de ropa valoradas en 85.000€, pertenecientes a importantes firmas comerciales y procedentes de una tienda de ropa a la que momentos antes habían conseguido acceder. Tras el arresto, los agentes averiguaron que los miembros de esta banda de ladrones habían efectuado robos en Pontevedra, Verín y Vigo.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo I de la Sección Europa del Este de la UDEV Central de la Comisaría Judicial de Policía Judicial, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pontevedra y agentes del Grupo II de la UDEV de la Comisaría de Vigo.
“Plan contra la delincuencia itinerante”
La Dirección General de la Policía puso en marcha el mes pasado el “Plan contra la delincuencia itinerante” para luchar contra este tipo de grupos organizados. La meta de este plan operativo es dar una respuesta a uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea y facilitar cauces para la prevención e investigación de los delitos cometidos por grupos criminales itinerantes. Este plan implicará, en distintas fases, a más de 3.500 agentes de las comisarías generales de Policía Judicial, Policía Científica, Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras, y de las 20 Jefaturas Superiores de Policía.
Creados los Consejos de Ciberseguridad y Seguridad Marítima
17/02/2014 - Europa Press
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió, el pasado viernes, la cuarta reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que ha servido para constituir, a su vez, tanto el Consejo de Ciberseguridad Nacional como el Consejo de Seguridad Marítima Nacional, organismos destinados a favorecer la coordinación en las actuaciones del Estado en dichas materias.
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional, órgano asesor del Ejecutivo y que se reúne con carácter bimensual, fue creado por mandato de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada, a finales de mayo, y está presidido por Mariano Rajoy, a excepción de aquellas convocatorias a las que asista el Rey don Juan Carlos.
El Consejo aprobó, en su tercera reunión el pasado mes de diciembre, las Estrategias de Ciberseguridad y de Seguridad Marítima, las cuales contemplaban la creación de sendos consejos en los que personal experto de los departamentos ministeriales, que afectan a cada uno, llevasen a cabo las labores de coordinación. Su objetivo concreto, según el Gobierno, es contribuir a "mejorar la prevención y respuesta ante los riesgos y amenazas a la seguridad nacional en sus ámbitos respectivos".
"Enorme repercusión" del Ciberespacio
En el caso de la ciberseguridad, la creación de la Estrategia y de su correspondiente Consejo responde, según el Gobierno, a la "creciente necesidad" de preservar la seguridad del ciberespacio por su "enorme repercusión" en cuestiones que afectan a la seguridad nacional, pero también a la competitividad de la economía española y, en general, al progreso y prosperidad de nuestra sociedad. Así, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional delimita el entorno del ciberespacio, fija principios, objetivos y líneas de acción para el logro de la ciberseguridad nacional, al tiempo que define el marco de coordinación de la política de ciberseguridad.
El director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa, explicó, e pasado jueves durante una jornada informativa, que el Consejo de Ciberseguridad celebrará su primera reunión el próximo 25 de febrero, la cual consistirá en una mera toma de contacto entre los miembros de cara a coordinar mejor las acciones para mejorar la seguridad en el ciberespacio. La presidencia de este Consejo, añadió por su parte el jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa, general Carlos Gómez López de Medina, será rotatoria anualmente. El primer año corresponderá al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán.
Seguridad para los intereses marítimos
Por su parte, y "teniendo en cuenta las implicaciones que la seguridad del mar tiene para el desenvolvimiento de nuestra sociedad y economía", la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional trata de reflejar una "visión propia de España que facilite la coordinación y el uso eficaz de los medios disponibles".
Esta estrategia enumera un conjunto de intereses marítimos nacionales y recoge los riesgos y amenazas que pesan sobre ellos, ya sea por actuaciones ilegales como el terrorismo o los tráficos ilícitos, o por las condiciones naturales del medio, como puede ocurrir con los accidentes y catástrofes. Para hacer frente a todo ello se definen objetivos y líneas de acción y se diseña una estructura de coordinación interdepartamental.
La policía desaloja de forma pacífica la Sala Yago de Santiago
Un grupo de 25 agentes accedieron al interior y dieron un plazo a los ocupantes para que abandonaran el encierro. Un grupo de jóvenes protesta por el desalojo frente al inmueble
LA VOZ
17 de febrero de 2014 19:04
XOAN A. SOLER
Seis días después de que un grupo de okupas se instalara en la Sala Yago, la Policía les ha desalojado a las 10.35 horas. El desalojo se ha producido de forma pacífica, sin ningún tipo de incidente.
A primera hora de esta mañana cerca de 25 agentes accedieron al interior del histórico edificio de la rúa do Vilar de Santiago y comunicaron a los ocupantes que tenían que abandonar el encierro. Pocas horas después, el grupo de personas -en torno a 10- que se instaló en la sala el pasado miércoles salieron del edificio -portando sus enseres y sacos de dormir- acompañados de sus perros. En ningún momento mostraron resistencia a los agentes. A continuación se les trasladó a la sede de la comisaría para proceder a su identificación. Los agentes procedieron también a retirar las pancartas que colgaban de la fachada del edificio desde la semana pasada.
Hasta que no se produjo el desalojo, la calle permaneció cortada al tráfico de peatones. Los vecinos tan solo podían caminar por los soportales de ambos lados de la vía. Un cerrajero selló tras su salida la puerta de la Sala Yago.
Protesta tras el desalojo
Tras el desalojo, un grupo de jóvenes se concentró frente al antiguo cine y teatro, para protestar por la acción de la policía. Uno de ellos ha señalado que se trata de un desalojo «ilegal» puesto que en su opinión no hubo orden de desalojo y quienes se encontraban dentro no han sido detenidos. «Se limitaron a echarnos fuera», apuntó. Fuentes de la policía y del juzgado confirmaron, sin embargo, que sí existía orden de desalojo.
Otro, que no se ha identificado, ha asegurado a Efe que este colectivo va a «desalojar» el Ayuntamiento, «que tiene más imputados que nosotros», señaló en referencia a la situación de numerosos miembros del consistorio compostelano en la operación Pokemon. Reclamó, al igual que el resto de jóvenes concentrados, la libre absolución para los imputados por un encierro similar ocurrido en noviembre de 2011, en que fueron detenidos varios de los ocupantes de la sala, e indicó que a algunos de ellos les piden penas de cuatro años.
Varios agentes vigilan esta concentración secundada por una veintena de jóvenes.
Seis días de encierro
A pesar de que el grupo de ocupantes aspiraba a poder permanecer dentro del local durante una semana, el desalojo se ha producido al sexto día. Fue durante la madrugada del miércoles cuando cerca de 10 personas volvieron a tomar este inmueble, que ya había sido escenario, durante noviembre del 2011, de otra controvertida ocupación que había concluido con una mayor tensión.
Desde el primer momento los nuevos ocupantes acondicionaron el abandonado recinto -debido a la falta de mantenimiento, tiene goteras que están deteriorando el suelo del gallinero, donde los okupas colocaron tablas para proteger el espacio- e iniciaron una intensa programación cultural que se inició el pasado jueves con una asamblea abierta a la ciudadanía sobre la propia ocupación. Los ocupantes reclamaban la reapertura y rehabilitación de la Sala Yago como «Espacio cultural liberado» y buscaban hacer una llamada a la ciudadanía ante los casos de «corrupción y mala gestión» del consistorio compostelano.
Talleres infantiles, sesiones de cabaré o mesas redondas fueron otras de las iniciativas que acometieron los «inquilinos» durante los últimos días. Entre las iniciativas que no pudieron llevar a cabo fue la ceder el espacio a los colectivos sociales que actualmente tienen en marcha protestas por diferentes motivos en la ciudad (preferentistas, jóvenes encerrados en Psicología, vecinos de Galeras...) para que realizasen allí asambleas.
Distintas reacciones políticas
Un día después de que el inmueble fuese allanado, el alcalde de Santiago, Ángel Currás, criticó su «ilícita» ocupación y recordó que el incidente ya se le había comunicado al propietario del inmueble para que adoptase las medidas oportunas. Currás hizo hincapié en los numerosos, pero infructuosos, intentos que ha llevado adelante el consistorio para recuperar la Salta Yago para un uso cultural. Ante la falta de consenso, y ante la necesidad de tener otro espacio, se llegó a un acuerdo de cesión con Novagaliciabanco para el edificio de la calle Preguntoiro.
Es precisamente este recordatorio lo que ha provocado diversas reacciones políticas. Así, por ejemplo, el edil del BNG, Rafael Villar, lamentó el fracaso del regidor en su compromiso de recuperación de este espacio emblemático «en situación de abandono» y formuló una pregunta para conocer las gestiones realizadas sin éxito para dotarlo de actividad. Por su parte, Anova pidió que el inmueble sea expropiado como bien de utilidad pública y social.
Detienen en Santiago a un hombre que amenazó a un joven con clavarle un cuchillo
El incidente tuvo lugar en plena calle del casco histórico. Al hombre se le imputa un delito de amenazas graves
LA VOZ
18 de febrero de 2014 17:34
Un hombre de 47 años fue detenido el pasado viernes por un delito de amenazas graves tras amenazar a un joven con clavarle un cuchillo. Los hechos sucedieron en plena calle del casco histórico de Santiago cuando un camarero vio, desde el cristal de su establecimiento, cómo un individuo estaba agachado al lado del vehículo de su compañera de trabajo. Al salir del local para preguntar qué estaba haciendo se dio cuenta de que el hombre portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con el que le amenazó en varias ocasiones. El camarero logró eludir la agresión.
Ante la presencia de otro trabajador en la zona, el hombre decidió huir del lugar profiriendo una ristra de insultos.
Avisados los agentes de lo sucedido, comenzó una búsqueda por las calles de la zona antigua de Santiago que terminó con la detención del individuo.
El agresor quedó en libertad con cargos. El juzgado de guardia también determinó que al hombre se le sometiese a una valoración psiquiátrica.
Detenido uno de los dos jóvenes que intentaron robar en una ferretería
X. M. SANTIAGO / LA VOZ
18 de febrero de 2014 05:00
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«Sendo un bo, os veciños tamén son bos», reflexionaba ayer Antonio Bernal, propietario de una ferretería situada en la calle Rosalía de Castro, tras sufrir un intento de robo que frustraron dos vecinos que, al sospechar de dos individuos, los vigilaron y avisaron a la policía cuando vieron que estaban intentando entrar en el establecimiento.
Los vecinos que evitaron el robo salieron sobre las 22 horas de casa para sacar al perro. Dieron un paseo hasta la céntrica plaza de Cervantes, donde siempre se concentran toxicómanos con numerosos antecedentes policiales que frecuentemente son protagonistas de incidentes. Allí se fijaron en dos de ellos a los que poco después vieron en la puerta de la ferretería de Antonio Bernal.
Llevaban un maletín, así que subieron a casa y salieron a la ventana para vigilar la escena. Cuando se dieron cuenta de que intentaban forzar la puerta del establecimiento, llamaron a la Policía Nacional. Los agentes no tardaron en llegar y los ladrones se fugaron corriendo, aunque uno de ellos fue detenido en el campus universitario.
Este es el tercer robo que sufre Antonio Bernal en lo que va de año. El más liviano, gracias a sus vecinos, ha sido este último. El peor, el primero, en el que llegó a enfrentarse a un atracador que entró en su establecimiento armado con una navaja.
El nuevo responsable de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, el teniente coronelFrancisco Javier Molano, se ha fijado como uno de sus objetivos, al frente de este cargo, reducir la cifra de fallecidos en carreteras y, en particular, la de peatones.
Así lo ha trasladado en su discurso de toma de posesión al frente de este nuevo cargo, en sustitución de José Hermida, en la actualidad jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza.
El acto, celebrado en la Comandancia de A Coruña, ha contado con la presencia de numerosas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez; el responsable de Tráfico de la Guardia Civil en España, el general de brigada Benito Salcedo, y el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil en Galicia, el general de brigada José María Feliz.
En su discurso, el que hasta ahora era jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, ha tenido palabras de reconocimiento a la labor de los agentes de la Benemérita y, en especial, a los que desarrollan su trabajo en el ámbito de tráfico en la comunidad autónoma gallega.
Siniestralidad en Galicia
También ha aludido a las cifras de siniestralidad en Galicia, con especial alusión a los fallecidos en vías secundarias, que concentraron el año pasado el 80% de los muertos en carreteras. Pero también ha alertado de la necesidad de seguir tomando medidas para reducir la cifra de peatones fallecidos.
En su discurso, ha hecho referencia también a la importancia de la formación y la educación para genera una "concienciación" entre los ciudadanos e ir avanzando en la reducción del número de accidentes.
Al respecto, ha destacado el descenso registrado en las cifras de siniestralidad en Galicia en los últimos años. Así, la comunidad autónoma gallega cerró 2013 con un total de 98 fallecidos, lo que supuso un 70% menos que hace diez años.
Negreira, Feijoó, Juárez y Rueda acudieron al acto de homenaje
El Hotel Hesperia Finisterre acogió ayer el homenaje del colectivo de la Seguridad Privada a la Jefatura Superior de Cuerpo Nacional de Policía (CNP), representada por el comisario jefe, Jaime Iglesias. Durante la ceremonia, el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, puso de relieve el papel fundamental que cumplen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el desarrollo social y económico y señaló que la seguridad ciudadana es un concepto integral, “muy difícil separar la seguridad pública de la privada”. Suárez aludió a la polémica ley de Seguridad Privada, que se haya todavía en fase de tramitación parlamentaria. Según el delegado, la nueva normativa “concebible la seguridad privada como complementaria de la pública, y no solamente como subsidiaria de esta”, lo que se plasma en medidas como la que permitirá a los vigilantes patrullar zonas acotadas de la vía pública, como calles comerciales. Juárez pronunció estas palabras ante un público que incluí a al presidente de la Asociación Empresas de Seguridad de Galicia, Roberto Lage: el director municipal de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, y el jefe de la Policía Local, José Antonio Brandariz.
estadísticas Juárez no quiso desaprovechar la ocasión para incidir en que Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas más seguras de España, con 29 infracciones penales por cada 100.000 habitantes. También señaló la baja incidencia de los delitos violentos que cayó un 12% en 2013. Sin embargo, se abstuvo de mencionar el fenómeno de los robos con fuerza en viviendas, que se incrementó de forma espectacular hasta un 69% con respecto a 2012. n
Interior rectifica: los vigilantes privados no podrán detener en plena calle ni interrogar
EL PP INTRODUCE 12 ENMIENDAS DE ÚLTIMA HORA
El Ministerio del Interior ha agotado los plazos de presentación deenmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, uno de los textos en los que más ha trabajado la cartera de Jorge Fernández Díaz en lo que va da legislatura. Antes de que se cerrara en la medianoche de este partes, el Grupo Parlamentario Popular introdujo 12 importantes cambios en la norma que rebajan algunos de los aspectos que más polémica habían suscitado, sobre todo, en los cuestiones referentes a la ampliación de competencias y ámbitos de actuación de las empresas de seguridad privada.
Al contrario de lo que ocurría en el texto que salió del Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre, la nueva redacción deja fuera de las capacidades de los vigilantes privados la seguridad en “zonas comerciales peatonales”, una fórmula que facultaba a los vigilantes para asumir funciones propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las arterias principales de las ciudades -como la calle Preciados de Madrid o Las Ramblas de Barcelona- y que representaba un importante salto cualitativo con respecto a la legislación en vigor, del año 1992, que sólo les permite el control de edificios, urbanizaciones privadas, polígonos industriales y centros comerciales.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El texto elimina ese punto del artículo 41.4, así como otro introducido en el Congreso a última hora como resultado de una enmienda transaccional pactada con CiU que permitía a las empresas de seguridad a prestar servicios “en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo”, una frase que en realidad abría las puertas a que la vigilancia privada asumiera cualquier competencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin limitaciones de ningún tipo.
Un complemento a la “acción policial”
Interior ha decidido retocar ese artículo suprimiendo esos dos controvertidos puntos para delimitar las capacidad de la seguridad privada. No obstante, el texto definitivo de la ley dejará en manos de las autoridades competentes (nacionales o autonómicas) la opción de que los vigilantes privados se encarguen de la seguridad en espacios públicos de las ciudades, aunque se precisa que deberán trabajar en todo caso “complementando la acción policial”. Es decir, que no podrán ser contratados para asumir en exclusiva las competencias correspondientes a las fuerzas públicas del orden, como sí recogía hasta ahora el texto.
El departamento de Fernández Díaz también ha aprovechado la tramitación en la Cámara Alta para matizar las facultades concretas que tendrán los vigilantes. En el texto que salió del Congreso se permitía a los empleados de las empresas de vigilancia interrogar a los detenidos para poder averiguar sus datos personales, otro punto que también generó polémica. La nueva redacción subraya, en cambio, que los vigilantes sólo podrán anotar los datos personales de los detenidos. En ninguno caso les estará autorizado preguntar a los presuntos delincuentes para recabar datos sobre su identidad.
Se limitan las detenciones
Los cambios también afectan a los supuestos en los que los vigilantes privados pueden practicar detenciones. Hasta ahora, el proyecto de ley les permitía actuar en caso de “flagrante delito, aun cuando [los hechos] no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”. En la práctica, con este artículo desaparecía cualquier limitación de la seguridad privada. Facultaba a los vigilantes para actuar siempre, en cualquier supuesto.
Interior ha rectificado ese punto del artículo 41 afirmando ahora que los profesionales de la seguridad privada sólo podrán detener a una persona en caso de “flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección”, aunque recuerda que también podrán realizar detenciones en los casos contemplados por el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que faculta a todos los ciudadanos a interceptar a un delincuente “in fraganti” o en el momento previo a la comisión del delito, o a reclusos fugados, por ejemplo.
Malestar en el PP y en las Fuerzas de Seguridad
La nueva redacción responde a las tensiones que había generado dentro del propio Partido Popular la tramitación de la ley de Seguridad Privada en la Cámara Baja. Desde algunos sectores del PP se consideró que la norma había asumido con demasiada displicencia las reinvidicaciones de la patronalde la seguridad privada. El malestar también se había extendido entre los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que consideraban que la norma facultaba al sector privado para invadir sus competencias. Los cambios en el Senado amortiguarán esas críticas, aunque no las aplacarán por completo.
El objetivo del Grupo Parlamentario Popular del Senado es tener listo el texto de la nueva Ley de Seguridad Privada el próximo 24 de marzo para que entre en vigor cuanto antes. Pese a los cambios introducidos en la Cámara Alta, la norma ha generado enormes expectativas en el sector de la seguridad privada porque implicará automáticamente la prestación de nuevos servicios que hasta ahora tenían vedados, como la vigilancia del perímetro de las prisiones y de los centros de extranjeros, o la posibilidad de trabajar en plena calle bajo las órdenes de las Fuerzas de Seguridad. Las academias de formación han comenzado a experimentar un notable aumento de la demandadel curso necesario para obtener el título oficial del Ministerio del Interior que acredita como profesional de la seguridad privada.
Agentes de la Comisaría de Santiago de Compostela detuvieron a un individuo en la Estación de Ferrocarril de la capital gallega, natural de la provincia de Lugo, al que se le imputan dos robos con violencia por sustraer dos bolsos en las estaciones de tren y de autobuses.
Según informa la Comisaría de Santiago, los hechos sucedieron a las 14,00 horas del 7 de febrero cuando se tuvo conocimiento de que una persona había forcejeado con un individuo que le sustrajo el bolso en las inmediaciones de la estación de autobuses de la ciudad, a la que le produjo lesiones leves.
La Policía ha indicado que se activó el mecanismo de búsqueda del autor de los hechos, cuando sobre las 17.00 horas se recibió la comunicación de que en la Estación de Ferrocarril se había producido otro hecho de similares características, aunque "con consecuencias más graves", según indicaron las mismas fuentes policiales, dado que la víctima había sido tirada al suelo, lo que le causó lesiones en un hombro.
En la detención del individuo "fue esencial", según subraya la Policía, la colaboración ciudadana, primero de un particular y, posteriormente, por los vigilantes de seguridad de la Estación de FFCC.
Todos los efectos sustraídos en los dos hechos han sido recuperados y entregados en calidad de depósito a sus legítimos propietarios. Mientras, el detenido, al que le consta un antecedente, ha sido puesto a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron, el pasado día 27, a dos individuos acusados de un delito de hurto.
Los hechos sucedieron en esa misma mañana cuando, en una superficie de hipermercados de la ciudad entraron tres jóvenes, una mujer y dos hombres y, burlando los sistemas de alarma de algunos objetos tecnológicos, los metieron dentro de un bolso que llevaba la chica para marcharse del lugar.
Seguidamente entraron en otro hipermercado para sustraer, con el mismo método, dos videoconsolas y una tablet, pero en esta ocasión el vigilante de seguridad del establecimiento lo vio todo gracias a las cámaras de video vigilancia que tienen instaladas en todo el centro comercial, por lo que inmediatamente les interceptó en la salida, solo pudiendo retener a dos de ellos, ya que el tercero se había ido del lugar momentos antes.
A la llegada de la policía, la joven abrió el bolso y allí encontraron los objetos hurtados que ascendían a un valor de mas de 500 euros, por lo que la pareja fue detenida por un delito de hurto y trasladada a dependencias policiales.
El tercer implicado en el delito, que ya tenía antecedentes por hechos similares, fue detenido momentos después por los agentes. Los tres individuos, que tienen entre 20 y 22 años, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de la capital en el día de ayer y posteriormente puestos en libertad con cargos.
La investigación fue iniciada en el mes de septiembre de 2013, a raíz de la detención de dos personas en la localidad de Pontevedra cuando se encontraban realizando un butrón para acceder a un comercio. Las primeras pesquisas apuntaban a que los dos arrestados podrían pertenecer a un grupo criminal más amplio, asentado en Madrid y dedicado a los robos con fuerza en establecimientos comerciales mediante un modus operandi muy concreto. Los objetivos eran perfectamente estudiados con anterioridad al robo, a fin de determinar el punto débil donde realizar la entrada y, un día antes de cometer la sustracción, algún miembro del grupo alquilaba una furgoneta de grandes dimensiones con capacidad para el transporte del botín obtenido hasta Madrid, donde era vendido de inmediato.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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